PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ELECTORAL

Seguramente sabréis por los medios de comunicación, aunque le hayan dado más importancia a quiénes están de acuerdo y quiénes en contra que a explicar la propia propuesta, las razones que justifican la modificación y los efectos que el/los cambio/s tendría/n, que hemos presentado una propuesta de modificación de la Ley Electoral.

Tenemos una Constitución y una Ley Electoral que son el fruto del consenso (y, también, de las urgencias y los miedos) de la mayoría de los partidos de finales de los años setenta. Hoy, afortunadamente y como consecuencia de la evolución que ha experimentado la sociedad española, las mayorías y, sobre todo, los miedos y las urgencias son otros. Además, en cada proceso electoral queda patente que todos los votos no tienen el mismo valor, ya que su valor depende de a qué partido se vote o dónde se vote.

Algunas de las características de nuestro sistema electoral (que están en el origen de esa desigualdad no democrática) vienen fijadas por la Constitución (la circunscripción provincial, por ejemplo) y su cambio exigiría una modificación de la “Carta Magna” para lo que se necesita una mayoría de dos tercios en el Congreso de las Diputadas y Diputados que hoy no se da (no es de esperar que el PP, principal beneficiario de los “fallos” de nuestro sistema electoral, se avenga a perder ese privilegio). Pero hay cambios, mejoras importantes que pueden lograrse solo con modificar la Ley Electoral y para ello con tener la mayoría simple (la mitad más uno de los votos) sería suficiente.   

Nuestra propuesta pretende, por un lado, mejorar la proporcionalidad entre los votos dados/recibidos y la representación alcanzada. Aunque los gráficos estadísticos que adjuntamos pueden ayudar a entenderlo mejor, estamos hablando de que el Partido Popular en el Senado, habiendo recibido un 40% escaso de los votos, tiene el 60% largo de los senadores y senadoras y en el Congreso tiene el 39% de los y las diputadas cuando los votos que recibió,  porcentualmente, no representan más que el 33%  de votos emitidos.  

Proponemos cambiar la fórmula electoral  D’Hont por la fórmula Saint-Laguë para que la proporcionalidad sea mayor que la actual. No se busca aumentar el número de escaños, ni dar más escaños al voto urbano o las provincias más pobladas, sino de encontrar un sistema de reparto más justo para que el Congreso de las Diputadas se parezca más a España porque respeta mejor el sentido del voto de los españoles y españolas.

Por otro lado, planteamos otros cambios:

Las listas cremallera, porque un país justo y democrático tiene que ser feminista y contar con el 50% de la población. Las listas cremallera nos permiten terminar con la injusticia que coloca a los hombres en los primeros puestos de la lista, invisibilizando y, en la práctica, siendo un tapón para que las mujeres lleguemos a puestos de responsabilidad.

El envío único de papeletas, es decir, que recibas en casa un único sobre con todas las papeletas, con lo que tendríamos un sistema más eficiente, más fácil y más barato con el que ahorraríamos hasta 10 millones de euros.

Debate/s obligado/s por ley entre los y las candidatas que nos permitan explicar/conocer qué proyecto de país tiene cada partido. En nuestra opinión sería necesario hacer dos debates obligatorios, siendo uno en la televisión pública.

Eliminar el voto rogado que dificulta muy seriamente la participación democrática de los casi 2 millones de españoles y españolas que viven en el extranjero ya que la participación en los procesos electorales de los y las compatriotas que viven en el extranjero a causa del voto rogado ha descendido un 94% por las trabas burocráticas que supone su solicitud.